Las administraciones públicas tienen la obligación legal de garantizar los sistemas de áreas protegidas. La creciente implicación de los colectivos sociales abre nuevas oportunidades para mejorar la participación social en todos los aspectos de la planificación y la gestión. Para mejorar la gobernabilidad de las áreas protegidas, mejorar la eficacia de las estructuras de gobierno, intensificar la participación de todos los interesados, así como para promover la equidad y la participación en los beneficios y garantizar la sostenibilidad financiera, se plantean tres líneas de trabajo.
Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad
Se aporta una panorámica amplia de muy distintos instrumentos de mercado que pueden utilizarse para mejorar la financiación orientada a la conservación de la biodiversidad en sentido amplio. Se pretende aportar elementos para el debate informado y para la reflexión sobre los instrumentos que serían aplicables a las distintas realidades de nuestro país.
La discusión a partir de este documento pretende facilitar la elaboración de propuestas a los responsables de las políticas de conservación a nivel estatal y autonómico, así como el fomento de la aplicación de nuevos mecanismos en espacios piloto.
Gobierno y participación
Adecuación de las estructuras de gestión
En las estructuras de gestión de los espacios naturales protegidos aún no están desarrolladas todas las posibilidades para reforzar la implicación social e institucional con eficacia. Además, la complejidad de los distintos tipos de áreas requiere formas de gobierno adaptadas y adecuadas a cada realidad.
Elaborar un diagnóstico de la diversidad de estructuras actuales de gobierno y de participación, con recomendaciones de ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
Incentivos y fiscalidad
Una de las novedades de la Ley 42/2007 es la promoción de los incentivos a las externalidades positivas de los espacios protegidos, o donde haya acuerdos de custodia formalizados. Se reconocen ya algunos de los servicios de los ecosistemas (la conservación per se de la biodiversidad, la geodiversidad y el paisaje, la fijación de CO2, la conservación de los suelos y del régimen hidrológico o la recarga de acuíferos y la prevención de riesgos geológicos).
- Analizar las oportunidades de la Ley 42/2007.
- Recopilar experiencias.
- Seminario con expertos o grupo de trabajo.
Mecanismos financieros innovadores
Una de las novedades de la Ley 42/2007 es la promoción de los incentivos a las externalidades positivas de los espacios protegidos, o donde haya acuerdos de custodia formalizados. Se reconocen ya algunos de los servicios de los ecosistemas : la conservación per se de la biodiversidad, la geodiversidad y el paisaje, la fijación de CO2, la conservación de los suelos y del régimen hidrológico o la recarga de acuíferos y la prevención de riesgos geológicos.
En octubre de 2009 se reunieron en el Centro de Biodiversidad del País Vasco Torre Madariaga, en la Reserva de la Biosfera de Urdabai, una veintena de gestores y profesionales de los espacios protegidos españoles en el Seminario técnico sobre mecanismos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad. La reunión ofreció la oportunidad de debatir, a partir de un documento sintético de análisis de diferentes mecanismos financieros, propuestas novedosas de financiación de la biodiversidad y, en particular, de los espacios protegidos. Los resultados de la reunión constituyeron el embrión de la Monografía 3: Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad.
Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad
Se aporta una panorámica amplia de muy distintos instrumentos de mercado que pueden utilizarse para mejorar la financiación orientada a la conservación de la biodiversidad en sentido amplio. Se pretende aportar elementos para el debate informado y para la reflexión sobre los instrumentos que serían aplicables a las distintas realidades de nuestro país.
La discusión a partir de este documento pretende facilitar la elaboración de propuestas a los responsables de las políticas de conservación a nivel estatal y autonómico, así como el fomento de la aplicación de nuevos mecanismos en espacios piloto.
