La ley 3/2023, de 17 de febrero, de Menorca Reserva de Biosfera, publicada en Boletín Oficial de las Islas Baleares número 22 de 18 de febrero de 2023, establece un régimen jurídico de protección, ordenación y gestión específico para una reserva de la biosfera. Ha sido aprobada cuando se cumplen 30 años de la designación de Menorca como reserva de biosfera por la UNESCO, y es fruto de un amplio proceso participativo que ha servido para que la sociedad menorquina debatiera sobre los principales retos que afronta un territorio insular protegido como Menorca.

La ley permite consolidar el modelo de gestión sostenible y diferenciado en la isla ampliando competencias para proteger su patrimonio natural, paisajístico, histórico, lingüístico y cultural, material e inmaterial. Algunos vectores ambientales esenciales como el agua contarán con políticas de protección impulsadas desde la isla, y se reconocen elementos fundamentales para configurar la reserva de biosfera de Menorca, como el servicio ambiental del sector primario a través de herramientas como el Contrato Agrario Menorca Reserva de Biosfera o la Custodia Agraria.

Con esta ley Menorca podrá también afrontar la actual emergencia climática: el proceso de descarbonización, el fomento del turismo y la movilidad sostenible, la gestión del medio marino o la apuesta por la sostenibilidad del modelo alimentario, y también establecer mecanismos para la regulación de la entrada de vehículos a la isla o el acceso a determinados espacios naturales.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares 18 de 9 de febrero de 2023 se ha publicado la Ley 1/2023, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO). La modificación pretende introducir una serie de mecanismos orientados con los principios y los objetivos de la Estrategia 2030 de la UE. Se trata de medidas para reforzar el sistema actual de la LECO y garantizar una gestión y una respuesta eficaz frente a las agresiones al medio natural, por ejemplo, mediante la actualización del régimen de protección cautelar existente, la creación de un procedimiento de urgencia para la declaración de un espacio natural protegido, la posibilidad de adoptar medidas preventivas para salvaguardar los valores naturales de un determinado espacio en peligro o el fortalecimiento de los mecanismos para garantizar la restauración ambiental de una zona a consecuencia de su alteración, entre otros.

No pretende ser una reforma global y sustancial, ni tampoco una reforma más, sino más bien un punto de inflexión hacia una futura ley del patrimonio natural de las Illes Balears. La creación formal de una Red de Espacios Naturales de las Illes Balears, así como la pretensión de crear un fondo ambiental propio son ejemplos que ponen de manifiesto la necesidad de dar un paso más hacia un modelo más autónomo, eficaz y conservacionista.

Es una reforma técnica, que se materializa en la modificación de los procedimientos de elaboración y aprobación de los diferentes instrumentos de planeamiento ambiental de los espacios y del procedimiento de declaración de los espacios naturales protegidos. La necesidad y la oportunidad de la propuesta normativa pasa por unificar, armonizar y simplificar el régimen jurídico aplicable a estos tipos de procedimientos; se incorporan además los principios y las directrices de la normativa de acceso a la información y la participación pública en materia de medio ambiente.

Este esfuerzo por simplificar el régimen actual pasa también por eliminar dos figuras cuya finalidad la práctica administrativa ha demostrado que puede ser cubierta por otras existentes. Es el caso de los lugares de interés científico y las microrreservas, figuras cuya función han venido a ser sustituidas por las áreas biológicas críticas y por los diferentes planes de recuperación, de conservación y de manejo de especies incluidas en el Catálogo balear de especies amenazadas y de especial protección. Además se introducen una serie de mecanismos como la creación de un régimen de protección preventiva, el impulso de la restauración ambiental y la extensión de la aplicación del régimen de protección cautelar actual a las figuras europeas de la Red Natura.

En el Boletín Oficial de La Rioja 27 de 8 de febrero de 2022 se ha publicado la Ley de 31 de enero, de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja. Tal y como se recoge en la exposición de motivos, en la ley se abordan los cuatro tipos de servicios ecosistémicos, combinando la preservación y restauración del medio natural a la vez que se legisla su uso y desarrollo sostenibles: los servicios de aprovisionamiento, referidos a la cantidad de bienes o materias primas que un ecosistema ofrece, como la madera, el agua o los alimento; los servicios de regulación, derivados de las funciones clave de los ecosistemas, que ayudan a reducir ciertos impactos locales y globales (por ejemplo, la regulación del clima y del ciclo del agua, el control de la erosión del suelo, la polinización); los servicios culturales, relacionados con el tiempo libre, el ocio o aspectos más generales de la cultura; y los servicios de soporte, como la biodiversidad y los procesos naturales del ecosistema, que garantizan buena parte de los anteriores.

El título II, de los espacios protegidos del patrimonio natural, recoge, por una parte, las disposiciones comunes de todos ellos y, por otra, las diferentes tipologías de espacios protegidos, entre los que se distinguen los espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, la nueva red de zonas naturales de interés especial y aquellos designados en aplicación de instrumentos internacionales. Se crea la Red de Espacios Naturales Protegidos de La Rioja y se establecen las caracterizaciones y desarrollo de esta nueva red. En cada uno de estos grupos se detallan minuciosamente las características que ha de cumplir cada tipo de espacio descrito, así como su regulación particular, su forma de gestión y régimen económico.