El Tratado del Alta Mar establece un marco legal robusto para todas las actividades en el océano y los mares: regula las actividades humanas en alta mar, permite su protección mediante la designación de áreas marinas protegidas y establece un mecanismo para compartir equitativamente los beneficios derivados de la explotación de los recursos genéticos marinos.

Con la ratificación del Tratado por parte del Estado español, el primer país en hacerlo, se avanza en el compromiso mundial de declarar área protegida un 30% de la superficie de alta mar antes de 2030. El Tratado viene a desempeñar un papel fundamental en el logro del objetivo global 30×30 acordado durante el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.