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Responsabilidad Ambiental

En la Directiva sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (Directiva 2004/35), se establece un régimen jurídico en relación con los daños que pueda sufrir la Red Natura 2000. Esta Directiva deberá estar incorporada en nuestro derecho interno el 30 de abril de 2007.

Su objetivo es establecer un marco de responsabilidad ambiental para la prevención y reparación de los daños ambientales, basado en el principio de "quien contamina paga".

Para ello la Directiva establece una serie de medidas preventivas y reparadoras para el caso de que se den daños ambientales o exista una amenaza inminente de que los mismos puedan producirse.

 

Daños incluidos y excluidos

La Directiva cubre los daños a las especies y hábitats protegidos, a las aguas y al suelo derivados del ejercicio de las actividades profesionales enumeradas en su anexo III y de otras actividades no enunciadas en el mismo, en este último caso tan sólo cuando haya habido culpa o negligencia (art.3).

Quedan excluidos (art. 4) los daños provocados por:

  • Actos derivados de conflicto armado, hostilidades, guerra civil o insurrección.
  • Fenómenos naturales de carácter excepcional, inevitable e irresistible.
  • Actividades cuyo principal propósito sea servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional, o cuyo único propósito sea la protección contra los desastres naturales.

Igualmente quedan excluidas del ámbito de aplicación de la Directivas los daños cuya responsabilidad ya se encuentre regulada en convenios internacionales, incluidos los derivados de actividades nucleares (art. 4.2 y 4.5).

 

Concepto de daño a efectos de protección de Natura 2000

La Directiva incluye dentro del concepto de "daño medioambiental" los "daños a especies y hábitats protegidos", entendiendo :

Por "especies protegidas":

  • Las especies mencionadas en el Anexo I de la Directiva de Aves silvestres y las aves migratorias de llegada regula
  • Las especies listadas en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats.

Por "hábitats naturales protegidos":

  • Los hábitats de las especies mencionadas en el Anexo I de la Directiva de Aves silvestres y de las aves migratorias de llegada regular,
  • Los hábitats de las especies listadas en el anexo II de la Directiva Hábitats.
  • Los hábitats naturales listados en el Anexo I de la Directiva Hábitats.
  • Los lugares de reproducción o zonas de descanso de las especies enumeradas en el Anexo IV de la Directiva Hábitats.

Según la dicción de esta Directiva, la misma se proyecta sobre "cualquier daño que produzca efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de dichos hábitats o especies" protegidos.

La Directiva excluye expresamente del concepto de daño los efectos adversos que hayan sido previamente identificados y autorizados de conformidad con el artículo 6, apartados 2 y 3 de la Directiva Hábitats (régimen especial de evaluación y autorización de planes y proyectos).

La Directiva recoge los conceptos de "estado de conservación favorable" de especies y hábitats previstos en el artículo 1 de la Directiva Hábitats y estipula que el "carácter significativo de dichos efectos se evaluará en relación con el estado básico, teniendo en cuenta los criterios expuestos en el Anexo I".

 

Medidas preventivas en caso de amenaza inminente

Para el caso de que haya "amenaza inminente" de producción de daños, la Directiva obliga a los "operadores" (los que desempeñan las actividades profesionales antes indicadas) a adoptar las medidas preventivas necesarias (art. 5). Asimismo, la Directiva faculta a las autoridades competentes a:

  • Exigir al operador que facilite toda la información necesaria sobra la amenaza del daño
  • Exigir al operador que adopte las medidas preventivas.
  • Dar al operador instrucciones sobre las medidas preventivas
  • Adoptar por sí misma tales medidas preventivas, en el caso de que no sean tomadas por el operador o este desobedezca las instrucciones emitidas.
 

Medidas reparadoras

Para el caso de que el daño ambiental ya se haya producido (art. 6) la Directiva obliga a los "operadores" a informar sin demora a la autoridad competente y a adoptar:

  • Todas las medidas necesarias para controlar, contener, eliminar o hacer frente a los contaminantes o circunstancias que han ocasionado el daño, al objeto de eliminarlo de evitar o impedir daños mayores.
  • Las medidas reparadoras que sean necesarias, las cuales deberán ser definidas de acuerdo con el artículo 7 de la Directiva.

La Directiva también faculta en este caso a la autoridad competente para:

  • Exigir al operador que facilite información adicional
  • Exigir al operador que adopte las medidas necesarias para controlar el daño y darle instrucciones sobre tales medidas
  • Exigir al operador que tome todas las medidas reparadoras necesarias
  • Adoptar por sí misma tales medidas reparadoras.
 

Costes

Los costes de las acciones preventivas y reparadoras deben ser sufragados, en principio, por el operador que causó el daño o provocó la amenaza de daño. El artículo 8 se dedica a esta cuestión, regulándose la posibilidad de que la administración competente recupere del operador los costes en que haya podido incurrir aquella en el caso de que haya realizado por sí misma las acciones preventivas o de reparación (art. 8.2), así como los supuestos en que el operador no está obligado a sufragar los daños (apartados 3 y 4 del artículo 8), Por su parte, el artículo 9 regula la imputación de costes cuando hay habido varios responsables, y el artículo 10 de dedica a fijar los plazos que tiene la administración competente para recuperar los costes.

 

Participación de particulares y organizaciones conservacionistas

La Directiva también regula la posibilidad de participación de los particulares y las organizaciones no gubernamentales. El artículo 12 estipula que las personas físicas o jurídicas que se vean o puedan verse afectadas por un daño ambiental, o que tengan un interés suficiente, o que aleguen la vulneración de un derecho, podrán presentar observaciones sobre los daños ambientales que conozcan a la autoridad competente y podrán solicitar a la misma que actúe.

Corresponde a los Estados Miembros concretar lo que es "interés suficiente" y "vulneración de un derecho", pero en todo caso deben reconocer que tienen "interés suficiente" las organizaciones no gubernamentales que trabajen en la protección del medioambiente y que cumplan los requisitos establecidos por la legislación nacional. Asimismo deberá considerarse que las mismas tienen también "derechos que pueden ser vulnerados".

Cuando alguna persona física o jurídica solicite de la administración que actúe frente a un daño ambiental, esta deberá estudiar la solicitud, así como las observaciones que la acompañen, y concederá un plazo para que el operador dé a conocer su opinión. La autoridad competente deberá comunicar al solicitante lo antes posible si accede a la solicitud o la deniega y los motivos por los que toma tal decisión.

La Directiva también constituye el derecho de los particulares y las Ongs a presentar recursos administrativos o judiciales cuando estime que la autoridad competente no ha actuado de conformidad con lo establecido en la Directiva (artículo 13).

 

Instrumentos de garantía financiera

Por último merece ser destacado el artículo 14 por estipular que los Estados deberán fomentar el desarrollo de instrumentos de garantía financiera (seguros) por parte de los operadores económicos y financieros, para que los mismos puedan recurrir a ellos al objeto de que los primeros puedan sufragar las responsabilidades que les incumben en virtud de la Directiva (costes de las acciones preventivas y reparadoras).

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