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Conceptos introductorios

Las directivas comunitarias son actos jurídicos que obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que se pretende alcanzar, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y medios para alcanzarlo.

Las directivas se dictan para armonizar legislaciones, es decir, suelen establecer el mínimo de protección que debe regir en todos los Estados, que, a la hora de transponerlas y aplicarlas, deberán siempre respetar su nivel de protección, pudiendo incrementarlo, pero nunca rebajarlo.

La transposición de las Directivas

Las directivas no son directamente aplicables. Requieren que los Estados adopten, de acuerdo con sus respectivos Derechos constitucionales, un acto legal (una Ley, un Decreto, una Orden, una Resolución...) que incorpore a sus ordenamientos jurídicos el contenido de la directiva. Es lo que se llama como obligación de transposición, pero que también aparece a veces expresado como obligación de adaptación del ordenamiento nacional a la Directiva.

Por ello, las Directivas comunitarias siempre contienen un artículo que
contiene el plazo al término del cual los Estados miembros deben haber transpuesto su contenido. No transponer en plazo, o transponer parcial o incorrectamente, es infringir el derecho comunitario.

La aplicación de las Directivas

Las Directivas suelen también establecer mandatos de hacer algo: declarar zonas, dictar planes, establecer medidas concretas ... Esto es lo que se conoce como aplicación y también suelen establecerse plazos concretos. No hacer tales cosas, o no hacerlas en plazo, supone también infracción del derecho comunitario.

La aplicación de una Directiva puede verse muy condicionada por la transposición que se haya hecho: si las obligaciones no han sido trasladadas al derecho nacional, o se han trasladado mal, pueden aparecer problemas en la aplicación.

 

Jurisprudencia del TJCE sobre la obligatoriedad de las directivas

Las directivas comunitarias son, sin duda, las normas que más problemas suelen causar respecto del cumplimiento del derecho comunitario. Sobre todo cuando los Estados cuentan con estructuras descentralizadas, como es el caso de España. Por ello es necesario recordar siempre que las directivas obligan a todos los entes normativos y ejecutivos de los Estados Miembros. Así ha sido declarado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) que, en su famosa sentencia de 14 de julio de 1994 (caso Faccini), declaró que:

Por Estado debe entenderse todas las autoridades descentralizadas, las autoridades administrativas y las entidades dependientes del Estado

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